Autoridad oficial se reúne con afectados de la ciudad de Cariamanga

Informar sobre los procesos que se llevan a cabo fue el propósito de la visita del subsecretario General de la Secretaria de Gestión de Riesgos (SGR), Ricardo Peñaherrera. Así, en la Jefatura Política de Calvas se reunió con los afectados por el colapso del túnel Las Totoras y junto al coordinador, Fabrizio Riofrío Toscano, se han dado a conocer los montos de indemnización.

“La mayoría de las personas ha revisado y ha aceptado este peritaje, tenemos un pequeño grupo que pide una revisión de ciertos temas que no han sido incluidos y en esta semana vamos a revisarlos y finalmente un par de afectados que no están totalmente de acuerdo y vamos a ver cómo solucionar esos problemas”,  dijo Peñaherrera.

Se contratará un estudio para el análisis del suelo y así proceder a la reconstrucción del túnel de encauzamiento, mientras que se explica que Alexandra Ocles, secretaria de Riesgos, tiene prevista una visita a la urbe y será ella quién determine el mecanismo para efectivizar las indemnizaciones a los afectados, aunque aún no se ha establecido el día que la autoridad arribará a Cariamanga. Se asegura que el recorrido en la zona de afectación se cumplirá en las próximas semanas.

La empresa que se contrate para la reconstrucción del túnel será la encargada de monitorear las viviendas y las posibles afectaciones durante los trabajos. “Hemos tomado a consideración algunas sugerencias para incluirlas dentro de los términos de contratación para que la empresa monitoree el tema de las viviendas, incluso estamos analizando para que se instale algún equipamiento para ver el movimiento del suelo”, dijo el subsecretario.

En aproximadamente tres meses iniciarían los trabajos y se exigirá que la empresa contratada cuente con experiencia en túneles, además con capacidad económica para enfrentar la realidad en la zona de afectación y que tenga la maquinaria y lo necesario para finalizar el túnel.

Asimismo, procesos legales se han dado en contra de las empresas que incumplieron su contrato con la Secretaría de Riesgos, para lo cual se harán efectivas las garantías, que servirán para la una nueva contratación.

Se analizara además cuales serían las zonas que deberían ser declaradas de utilidad pública, pero será un estudio el que lo determine, mientras que se informa que son cerca de 18 las propiedades que deben ser demolidas a causa de los daños severos que se presentan.

Tome nota

Son alrededor de 18 las propiedades que deben ser demolidas.

Fuente: La Hora.